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La liberalización del taxi enfrenta a Competencia con el Gobierno y el sector

  • El supervisor, dividido: el presidente rechaza cesar al autor de su informe a favor de Uber y Airbnb, como exigían seis de los diez consejeros del ente


Madrid. ABC.- 
La irrupción masiva de plataformas «online» como Uber, Blablacar y Airbnb, basadas en la transporte y alojamiento entre consumidores, y la necesidad de adaptar la legislación a esa nueva realidad de economía colaborativa han provocado una fractura institucional y sectorial. En el centro de ese conflicto está el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, partidario de desregular al máximo servicios como el del taxi y los alquileres vacacionales. El máximo responsable del organismo regulador y supervisor se ha encontrado con la oposición no solo de esos sectores, sino también del Gobierno central, autonomías y ayuntamientos, que están regulando el mercado, y de una mayoría de sus propios consejeros. 

Seis de los diez vocales que integran el consejo de la CNMC exigieron ayer en el Pleno el cese del director de promoción de la competencia del ente, Antonio Maudes, responsable del informe sobre economía colaborativaimpulsado por Marín y que plantea la liberalización total de mercados como el del taxi, el alquiler de coches con conductor y de alquiler de viviendas vacacionales. El presidente rechazó el cese, reiterando así su apuesta por sacar adelante ese documento.

Marín encargó al departamento de Maudos la elaboración de ese análisis a finales de 2014. La postura del presidente, según fuentes cercanas al mismo consultadas por ABC, es que la economía colaborativa ha supuesto un fenómeno disruptivo que requiere una actuación cautelosa pero con vistas a largo plazo. «Es algo imparable, no se le pueden poner puertas al campo y España no se puede permitir perder de nuevo el tren de la revolución industrial», señalan esas fuentes.

Los seis consejeros díscolos, nombrados a propuesta del PP, no respaldaron ese informe al considerar que técnicamente no es lo suficientemente bueno y que necesita la opinión de más sectores afectados. Además, critican al presidente por actuar sin consenso interno. Ante esta situación, el supervisor sacó de nuevo a consulta pública, hasta el 15 de abril, su informe de «conclusiones preliminares sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa». Ha recibido 1.114 respuestas.

La queja principal de hoteleros y taxis es que plataformas como Airbnb y Uber se mueven en el terreno de la alegalidad y la competencia desleal, ya que sus usuarios no están sujetos a los mismos requisitos administrativos -de licencias y normativa sanitaria y de seguridad, por ejemplo-, las critican por su falta de profesionalidad y denuncian que pagan menos impuestos.

Eso sí, la regulación de la economía colaborativa también ha llegado a crear cierta división de opiniones entre actores de un mismo sector, como el turístico, entre los que se oponen a estas plataformas y quienes ven en el fenómeno una oportunidad de negocio.

«La Federación Profesional del Taxi de Madrid recuerda a Uber que deberá cumplir con la legislación vigente de los vehículos de transporte con conductor», manifestó ayer la patronal del taxi ante la reaparición de la plataforma, que ayer reinició sus operaciones en España después de que el Tribunal Supremo la prohibiese en 2014, veto que ha superado adaptándose a la normativa aprobada por el Ministerio de Fomento.

Marín cree que esa normativa va en contra de la liberalización del sector, lo que le llevado ha enfrentarse con Fomento y exigirle que rectifique. No es el único conflcito que mantiene con la Administración. Autonomías como Madrid, Valencia y Canarias y numerosos ayuntamientos también han regulado estos servicios ante la aparición de esas plataformas, y el jefe delsupervisor considera que suponen una restricción para proteger a ciertos sectores.

El entorno de Marín es consciente de que sacar adelante su informe llevará meses, y no estará listo antes del verano. En el Ejecutivo, por su parte, admiten que en la próxima legislatura habrá que abordar sí o sí esta regulación. De hecho, la Comisión Europea y organismos como el FMI vienen urgiendo a España a aprobar de una vez por todas la ley de liberalización de los servicios.

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